Más de mil millones de personas en el mundo (el 15 % de la población), viven con alguna forma de discapacidad, según las últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011). De esta cifra, un porcentaje desproporcionado, el 80%, vive en países pobres. Se calcula que representan del 15 a...
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Más de mil millones de personas en el mundo (el 15 % de la población), viven con alguna forma de discapacidad, según las últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011). De esta cifra, un porcentaje desproporcionado, el 80%, vive en países pobres. Se calcula que representan del 15 al 20% de los habitantes más pobres en países en desarrollo, encontrándose entre los grupos más vulnerables y que sufren una mayor discriminación.
El 1 de agosto del 2011 se modificó la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, introduciendo cambios sustanciales para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por parte de España tras la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente desde mayo de 2008. La Ley establece entre las prioridades sectoriales “la protección y respeto de los derechos humanos, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad” y se especifica que los “instrumentos de la cooperación para el desarrollo deberán ser inclusivos y accesibles para las mismas”.
Estos cambios legislativos, así como el contexto actual de fuerte crisis económica, y las recomendaciones de distintos organismos internacionales, hacen necesaria una evaluación de la Ayuda Oficial al Desarrollo que despliega España para racionalizar y ajustar la gestión, teniendo así un mayor impacto en el desarrollo, concentrándose en menos países y en los sectores más depauperados, como son las personas con discapacidad.
Así lo muestra la presente publicación que reproduce un estudio realizado para el CERMI por la experta Beatriz Martínez Ríos y promovido y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Este completo informe constituye la incursión de más calado que se ha acometido en España para examinar una dimensión aún poco conocida, la que resulta de la interacción entre cooperación internacional al desarrollo y discapacidad.
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