El sector social de la discapacidad articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) viene denunciado desde hace años la desprotección social, jurídica y económica que sufren las víctimas de accidentes de circulación vial que adquieren una discapacidad a consecuencia de este tipo de siniestralidad. Este desamparo se extiende también a la familia de la víctima, que recibe el impacto del accidente y de sus consecuencias de toda índole (emocionales, personales, sociales, económicas, asistenciales, etc.).
Los accidentes de tráfico son una de las primeras causas generadoras de discapacidad sobrevenida en España; cada año, miles de personas adquieren una discapacidad (lesión medular, daño cerebral sobrevenido, amputaciones de miembros, pérdida o grave deterioro de sentidos como el de la vista o el oído, etc.) que tiene su origen en un accidente de tráfico.
Ante esta realidad, el grado de protección de las víctimas y de sus familias es, en nuestro país, muy débil, caracterizándose por la fragmentación, la dispersión y la descoordinación de dispositivos de apoyo y ayuda a estas personas, que se enfrentan en solitario muchas veces a su proceso de reinserción social tras el accidente.
Para paliar esta situación de falta de apoyos, el CERMI ha reclamado a las fuerzas políticas la aprobación de una ley integral de protección a las víctimas que establezca la condición legal de víctima de accidente y unifique y aumente todos los mecanismos de asistencia y ayuda que prestan los poderes públicos, en los distintos ámbitos y niveles.
A fin de favorecer la adopción de esta iniciativa, y de acuerdo con su naturaleza esencialmente propositiva y de incidencia política para producir innovación social que beneficie a la discapacidad, el CERMI ha elaborado una propuesta de proyecto de ley, que ahora se edita en forma de publicación para facilitar su más amplia difusión y circulación. Esta propuesta se hecho llegar a los grupos parlamentarios y al gobierno, para que asuman esta iniciativa y le den curso.
Además de la propuesta legal, esta publicación incorpora otro trabajo del CERMI relacionado con la mejora de la protección y atención a las víctimas de accidentes de tráfico que adquieren una discapacidad. Se trata del documento de consideraciones iniciales para una propuesta de modelo de gestión de los recursos provenientes de las sanciones económicas con destino a la financiación de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas que prevé la Disposición Adicional Tercera de la Ley 18/2009, de 30 de noviembre. Esta iniciativa, complementaria de la anterior, reforzaría el grado de protección económica de las víctimas de accidentes, aflorando nuevos recursos económicos para esta finalidad.
Para la realización de los trabajos y para la edición en forma de libro de estas propuestas, el CERMI ha contado con una ayuda del Real Patronato sobre Discapacidad, dirigido por Jaime Alejandre, organismo autónomo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a quien se agradece su valiosa cooperación.
